Usted anunció fuertes medidas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para esta semana… ¿Me puede anticipar cuáles?

Ya tomamos decisiones sobre dos EPS del país. Sobre una de ellas ya se ordena prácticamente su liquidación.

¿Sobre cuáles? 

No le puedo decir porque me inhabilito. Pero hay 22 EPS bajo medida especial: 18 en vigilancia especial y 4 en programa de recuperación.

El presidente Duque dijo en campaña que iba a acabar con las malas EPS y trasladar los usuarios a las buenas. Hasta el momento no sabemos cuáles son las buenas y no ha sacado las malas… 

Esto tiene una filigrana muy complicada. Cuando se saca una EPS del mercado, hay que verificar en dónde está ubicada, qué población tiene, cuántos usuarios, dónde los tiene, si tiene población de alto costo, qué tratamientos tiene, si tiene enfermedades huérfanas, para no caer en un error. Y tenemos que verificar quién va a recibir los usuarios. Hay municipios de Colombia donde las EPS que hay, todas están en medida especial.

Gravísimo. ¿Y qué hacen en un caso como ese?

Habilitar otra EPS del departamento más cercano para que entre, o hacer una convocatoria nacional e invitar a otra…

Pero eso no se hace de la noche a la mañana…

Desde luego. Por eso hemos venido trabajando con tanta intensidad… Llevaba 10 días en el cargo y envié a todos los vigilados una circular que salió como el 8 de septiembre, para que comenzaran a cumplir con unos requerimientos. Después les mandé una resolución a 18 EPS, en las que informé que estaban bajo medida de vigilancia especial; y luego les he dado tiempos perentorios.

¿De acuerdo con las encuestas de satisfacción, por 1.000 afiliados, cuáles son las EPS que registran mayor número de quejas ante la Superintendencia? 

Porque tienen más volumen, pues obviamente esta Medimás, Coomeva, las grandes. Pero comparándolas por tasa, probablemente no son las más malas. Algunas EPS de región tienen un deterioro mayor, y muchas quejas. Tengo que ir mirando no solamente el número de quejas y reclamos, sino el déficit patrimonial que tienen, la forma como están contratando, la afectación con la red pública, el giro que están haciendo. Cojo todos esos determinantes y evalúo cuáles vienen peor y le podrían generar un daño futuro al país.

¿Y cómo han respondido ante ese inventario?

Adicionalmente, a las que están bajo medida especial les hemos impuesto limitación para realizar nuevas afiliaciones, con el fin de que cuando se trasladen los afiliados no pasen de una EPS mala a otra en igual situación. Es importante resaltar que en el 2014 se dieron unas órdenes perentorias para que las EPS fueran corrigiendo su defecto patrimonial. Algunas de ellas no lo han corregido en ningún año, como son: Comparta, Comfasucre, Comfacor, Capresoca, Ecoopsos, Emdisalud y Comfamiliar Cartagena en el régimen subsidiado, y Cruz Blanca en el régimen contributivo.

Hay otras EPS que han solicitado a la Superintendencia aprobación de su plan de reorganización institucional y les ha sido negado. Mientras que otras lo han presentado y están en etapa de estudio por parte de la Súper.

¿Y qué deben hacer para que se levanten sus restricciones de afiliación?

Solo si las EPS van cumpliendo y fortaleciéndose patrimonialmente, se estudiará esa posibilidad. De lo contrario no, y se tendrán que tomar decisiones porque no podemos mantener las EPS en medida especial eternamente. Por lo tanto, seguiremos haciendo una vigilancia exhaustiva.

¿Cuáles están en situación de reorganización?

Varias que había aprobado la Superintendencia. Muchas las rechazamos cuando llegamos. En este segundo grupo estaba Saludvida, y en este momento están Ambuq, Comfanariño, Asmet Salud, Comfacundi, Emssanar y Comfahuila. Y hay otro grupo que son las que están capitalizando y van en ese proceso de fortalecimiento patrimonial. En ese grupo está Coomeva, Capital Salud, Famisanar.

Si cumplen se van a salvar. Entre las públicas está catalogada Savia, la de Antioquia; está Convida, que es la del departamento de Cundinamarca, y está Capital Salud. Ya la Alcaldía de Bogotá empezó a poner recursos. Las que no han cumplido durante cuatro años y hoy no quieren cumplir hay que empezar a depurarlas, pues entre más pasa el tiempo el daño es peor.

¿Y Medimás?

Sigue en medida de vigilancia especial con instancia de seguimiento y continúa con restricción de afiliación. Ellos también tienen unos tiempos perentorios para mejorar y cumplir. Si no mejoran y corrigen el rumbo, podrían salir del mercado en cualquier momento.

¿Por qué el Fomag, que es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que tiene una UPC diferencial –se podría decir que es superior a la del resto de los colombianos-, registra uno de los más altos niveles de quejas por la prestación y la corrupción?

Es una situación atípica. Escucho por todo el país cada vez más quejas de los maestros y sus familias. Tengo mucha preocupación.

¿Al Fomag se lo pueden estar robando? 

Ahí debe haber de todo. Mucho desorden, falta de auditoría, de atención oportuna, no están activados los modelos de atención. Esa misma preocupación la estoy encontrando con la atención a las Fuerzas Militares alrededor del país. Se están aumentando las quejas de los maestros y las quejas de las Fuerzas Militares.

¿En qué casos deberían responder directamente los socios de las EPS fallidas?

En todos. Es que no le pueden dejar este problema al país. Los colombianos no tenemos por qué responder por las actuaciones de las EPS.

Pero un juez de Barranquilla condenó en fallo de primera instancia al supersalud a pagar 85 mil millones de pesos a 30 clínicas y hospitales de Barranquilla por los dineros que les adeudan por la liquidación de siete EPS. ¿Eso es lógico? 

El mensaje que le están mandando al país es absurdo: que aquí puede hacer todo el mundo lo que quiera. Si una EPS no tiene capital, tranquilo, que ahí la Superintendencia va a responder. Si una IPS no tiene capital, tranquilo que ahí la Superintendencia va a responder. O sea, esto es dramático.

¿Quién debe responder económicamente cuando entidades intervenidas por la Superintendencia son corruptas? 

Los dueños de las EPS. Las relaciones entre las EPS e IPS públicas o privadas son entre ellos, en las que no interviene la Superintendencia. Un liquidador es autónomo. El problema es que cuando va a liquidar, no tiene el patrimonio suficiente.

Por eso, cuando voy a sacar una EPS del mercado, los primeros que entran en pánico son las mismas IPS que durante mucho tiempo dilataron el proceso y ahora culpan a la Superintendencia por actuar. Había que intervenir Solsalud, Humana, Golden Group, SelvaSalud, Calicondor, Carisalud y Saludcoop. Se evidenció que estaban poniendo en riesgo la vida de sus usuarios.

Usted habla de la ley de punto final. ¿En qué va eso?

El ministro le está haciendo unos ajustes. Va a permitir al país por lo menos sincerar las cuentas y saber quién le debe a quien y cuánto es que se debe. Dejamos que la deuda se fuera acumulando y sabíamos que nos iba prácticamente a explotar esa bomba en las manos. En la ley de punto final, soy muy consciente de que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo, y esa deuda que tenemos con el contributivo, pues la Nación va a tener que hacer algo para poderla cancelar. Y también para acabar con el círculo vicioso de que una EPS diga, ‘no, yo no puedo pagar porque es que a mí el gobierno no me ha pagado’.

¿Y usted diría que algunos gobernadores se están chupando ya de los pagos?

Por ejemplo, el gobernador de Antioquia dice que él no, pues no puede estar a cargo del departamento.

¿Cómo encontró usted internamente la Superintendencia en casos de corrupción?

Pues, a mí me preocupa. A mí me están suplantando por todo el país. Llaman a los vigilados de parte del superintendente, se han inventado páginas y cuentas de teléfono con mi foto en un wasap, diciendo que los invitamos a una reunión porque la Superintendencia les va a rebajar la sanción. Calcule… Muchos vigilados han ido a mi oficina a decirme, súper, aquí tengo un trámite que no ha salido porque me mandaron una razón: que si no daba una platica entonces no me salía el trámite… Eso aún pasa y lo tengo que acabar.

El proyecto de ley número 198 nos permitirá una mejor capacidad sancionatoria, para sancionar a la persona natural, al gerente, al administrador que cometió el delito.

Están llegando muchos capitales externos para la compra de infraestructura en salud, tanto en EPS como en IPS. ¿Investiga la Superintendencia los orígenes de estos dineros?

Normalmente revisamos quiénes son los que van a llegar. Miramos mucho el Sarlaf. Y qué buena esa pregunta, porque muestra que el sistema es bueno si le ponemos orden. Cuenten con que aquí vamos a vigilar que los recursos se inviertan bien, y si damos esa seguridad jurídica, los inversionistas seguirán llegando. He visto unas negociaciones enormes en Colombia, lo cual habla bien del modelo y habla bien del sistema.

Para terminar. ¿Qué diría usted que es lo bueno, lo malo y lo feo del sistema de aseguramiento y prestación de salud en Colombia?

Bueno: que el modelo que tenemos, netamente solidario, implica una cobertura universal, que les llega a todos los colombianos, que logró cerrar esas brechas de inequidad entre ricos y pobres. Lo feo, la excesiva intermediación. Y lo malo, la corrupción. El problema de Colombia no es del modelo de salud como muchos piensan, este es un problema de actores. Aquí tenemos es un problema de los que manejamos el sistema, no del modelo, que es bien visto por todo el mundo. Los colombianos que estamos en el régimen contributivo somos iguales a los que están en el subsidiado. Esa premisa económicamente sería mortal para el sistema, y sin embargo lo mantenemos. Son más los que están en el Sisbén que los que estamos en el contributivo.